El triángulo que hay que ordenar

Cuando los progenitores están separados, la petición de información sobre el menor deja de ser un trámite y se convierte en una decisión clínica con consecuencias legales. El punto de partida es siempre el mismo: el paciente es el menor, aunque no firme ni pague; la patria potestad sigue siendo conjunta salvo resolución judicial que la limite; y el profesional no arbitra el conflicto entre los adultos. Este material ordena esas tres posiciones y detalla qué conviene comprobar antes incluso de la primera sesión.

Qué dice la normativa española

Se revisan los seis bloques normativos aplicables: la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, los artículos 154 y 156 del Código Civil, la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, la Ley Orgánica 8/2021 frente a la violencia sobre la infancia, el RGPD junto con la Ley Orgánica 3/2018 y el Código Deontológico de la profesión. Se concretan los tramos de edad que modifican quién consiente, el alcance real del derecho de acceso de los progenitores y la reserva de las anotaciones subjetivas del profesional.

Del criterio a la práctica

El núcleo práctico es un árbol de decisión con tres niveles de riesgo que determina qué se comparte en cada escenario, una tabla de lo que sí se entrega y lo que queda protegido, un guion literal para sostener el límite delante del progenitor, la distinción entre rol clínico y rol pericial, el recorrido que corresponde a cada tipo de solicitud y un modelo completo de registro en la historia clínica. Se cierra con los seis errores que con más frecuencia acaban en queja colegial y con la forma de evitarlos.